Organizaciones de derechos humanos, defensoras y defensores de estos derechos fundamentales, familiares y víctimas de la represión política en Honduras, así como representantes de agencias de la cooperación internacional, se reunieron con la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Situación de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos, Margaret Sikaggya.
En una rueda de exposiciones Sikaggya escuchó la situación que impera en el país sobre los derechos humanos, la falta de institucionalidad y prácticas oprobiosas que se creían eran del pasado.
Bertha Oliva, Coordinadora General del COFADEH le manifestó que estaba acompañada de víctimas para que se conociera sus rostros, pues son objeto de ataques sistemáticos contra su integridad física.
En Honduras se ha vuelto a implementar la práctica de la desaparición forzada donde están involucrados agentes del Estado y sobre lo cual creíamos era algo del pasado, dijo Oliva.
En relación a los Pobladores de Zacate Grande, le relató que estaban allí Pedro Canales y Franklin Meléndez, quienes junto a la comunidad que lucha por sus tierras, están expuestos a amenazas, se han visto hombres fuertemente armados y ellos están en inminente peligro.
Presentó además a Doña Lidia, esposa del asesinado político, Julio Fúnez Benítez, que perdió la vida a manos de hombres en motocicleta que le dispararon en varias ocasiones el 15 de febrero de 2011.
Dijo también que el COFADEH la CIDH ha otorgado unas 300 medidas cautelares y se tiene en proceso de solicitud otras 600. Ninguna de las primeras ha sido debidamente implementada, una corresponde a Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, es un ejemplo de falta de cumplimiento y por el cual el Estado de Honduras debe comparecer el próximo 23 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Otro de los problemas señalados por Oliva es la estigmatización contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En relación a la libertad de Expresión señaló que es atacada constantemente, destacó el caso de Franklin Meléndez, de la Radio La Voz de Zacate Grande, quien ha sido estigmatizado “y tememos que le pueda pasar algo, por eso en coordinación con organizaciones internacionales como CICA, hemos establecido allí un campamento de observación de derechos humanos, con el objetivo de prevenir que esa zona se convierta en otro Bajo Aguán”.
También la Coordinadora del COFADEH le manifestó a la Relatora de Naciones Unidas que producto de la falta de esperanza en alcanzar justicia se llevará a cabo la exhumación del cuerpo de la profesora Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, el próximo 10 de febrero.
“Los impunes quisieran que nos quedáramos quietas para que ellos avancen en su proyecto de muerte, pero seguiremos luchando hasta alcanzar justicia”, añadió la defensora de los derechos humanos.
Bertha Oliva, Coordinadora General del COFADEH le manifestó que estaba acompañada de víctimas para que se conociera sus rostros, pues son objeto de ataques sistemáticos contra su integridad física.
En Honduras se ha vuelto a implementar la práctica de la desaparición forzada donde están involucrados agentes del Estado y sobre lo cual creíamos era algo del pasado, dijo Oliva.
En relación a los Pobladores de Zacate Grande, le relató que estaban allí Pedro Canales y Franklin Meléndez, quienes junto a la comunidad que lucha por sus tierras, están expuestos a amenazas, se han visto hombres fuertemente armados y ellos están en inminente peligro.
Presentó además a Doña Lidia, esposa del asesinado político, Julio Fúnez Benítez, que perdió la vida a manos de hombres en motocicleta que le dispararon en varias ocasiones el 15 de febrero de 2011.
Dijo también que el COFADEH la CIDH ha otorgado unas 300 medidas cautelares y se tiene en proceso de solicitud otras 600. Ninguna de las primeras ha sido debidamente implementada, una corresponde a Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, es un ejemplo de falta de cumplimiento y por el cual el Estado de Honduras debe comparecer el próximo 23 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Otro de los problemas señalados por Oliva es la estigmatización contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En relación a la libertad de Expresión señaló que es atacada constantemente, destacó el caso de Franklin Meléndez, de la Radio La Voz de Zacate Grande, quien ha sido estigmatizado “y tememos que le pueda pasar algo, por eso en coordinación con organizaciones internacionales como CICA, hemos establecido allí un campamento de observación de derechos humanos, con el objetivo de prevenir que esa zona se convierta en otro Bajo Aguán”.
También la Coordinadora del COFADEH le manifestó a la Relatora de Naciones Unidas que producto de la falta de esperanza en alcanzar justicia se llevará a cabo la exhumación del cuerpo de la profesora Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, el próximo 10 de febrero.
“Los impunes quisieran que nos quedáramos quietas para que ellos avancen en su proyecto de muerte, pero seguiremos luchando hasta alcanzar justicia”, añadió la defensora de los derechos humanos.
Añadió que podemos probar ante los tribunales nacionales e internacionales que el Estado no acciona, “hemos presentado al menos 300 casos de violaciones a derechos humanos y no hay resultados, por eso hablamos que hay un Estado fallido”.
Las agencias de Cooperación Internacional solicitaron a la Relatora Sikaggya que impulsara la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras, sobre lo cual ven resistencia del régimen de Porfirio Lobo Sosa, que trata de hacer creer que en Honduras no hay una política de Estado represiva contra los derechos humanos.
Igualmente sugirieron que se impulsara la Comisión contra la Impunidad frente al colapso de las instituciones del Estado, lo que podría ser una vía de justicia para las víctimas.
En relación al Bajo Aguán señalaron que ante la presencia de posibles mercenarios, es necesario que el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de las Naciones Unidas pueda venir a Honduras a investigar este aspecto donde deben estar incluidos los guardias de seguridad privados.
Urge aprobación de Ley de protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos
El COFADEH entregó una serie de peticiones a la Relatora Especial de Naciones Unidas, entre ellas la petición de apoyar la creación de una Ley para protección de defensores y un mecanismo especial para hacerla efectiva, proyecto que está siendo trabajado por el Espacio de Defensores de Derechos Humanos, E-Defenderh, que impulsan el ACI-Participa, COFADEH y el CPTRT.
Estas son las peticiones entregadas a la Relatora:
Falta de Legislaciones:
Los defensores de los derechos humanos se encuentran en riesgo latente y permanente, y el Estado no ha generado ni mecanismos efectivos ni legislaciones que garanticen a los defensores de derechos humanos realizar su trabajo en un ambiente de seguridad por lo que es urgente crear un mecanismo nacional de protección, de naturaleza jurídica, como una Unidad de investigación y evaluación sobre casos de defensores al interior de la Fiscalía de Derechos del Ministerio Publico mientras se legisla una normativa especial para la protección de defensores que incluya su propia mecanismo.
Solicitudes a la Relatora
Emitir mensajes de instancias oficiales que reconozcan la labor social de las y los defensores de derechos humanos y de los que han tenido que emigrar del país.
Desarrollar el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos para las zonas del país donde la violencia se ha generalizado, los que deben considerarse una alternativa. La implementación y cumplimiento de las medidas no puede estar sujeta a la voluntad política de las autoridades, debe valorarse el riesgo, la situación de gravedad y tomar en cuenta el esquema de protección, prevención e investigación.
Exigir al Estado garantizar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la responsabilidad de prevenir, investigar y castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas contra periodistas y medios comunitarios.
Exigir al Estado establecer políticas de combate a la impunidad que prevengan que se vuelvan a cometer hechos como los expuestos en contra de defensores de derechos humanos.
Solicitar al Estado dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a los y las defensoras de derechos humanos.
Exigir al Estado de Honduras la Aprobación de la Ley para la de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos.
Cooperación internacional habla
En la voz de Reyna Rivera, las agencias destacaron que deben abrirse espacios para que los organismos de sociedad civil puedan participar en el proceso de depuración de la policía para que haya más transparencia y auditoría social.
Por otro lado dijeron que no ven una clara voluntad política para que puedan implementarse las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación de de la Comisión de Verdad que próximamente entregará su informe.
Agregaron que no existe un mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, “no hay una política pública orientada a ello, no hay un sistema de protección para los grupos de mayor riesgo.
“Ha habido declaraciones de funcionarios con expresiones mediáticas que descalifican el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos y crea un ambiente que legitima la represión contra ellos y limita su protección”, señaló otra representante de la cooperación internacional.
Además de que los testigos protegidos se encuentran en riesgo porque este no funciona en el Ministerio Público”.
Sobre el Comisionado de los Derechos Humanos, CONADEH, describieron la falta de confianza en esta institución.
Gilda Rivera del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, expuso la situación de las muertes de mujeres, entre ellas la de Vanessa Zepeda, sindicalista del Seguro Social cuyo victimario que es un médico, está en libertad ejerciendo su profesión sin recibir el castigo que de acuerdo al caso amerita.
“A partir de las denuncias que recibe el CDM se ha incrementado la impunidad y que los mismos operadores de justicia la fomentan porque violan el procedimiento”, reiteró.
Hay casos de violencia sexual donde los inculpados son policías y siguen en libertad, entonces más bien se criminaliza a la mujer y se fabrican pruebas en contra de ellas colocándoles drogas y los casos avanzan a celeridad no así el de violencia sexual contra los uniformados que está en la impunidad.
Familiares de víctimas de nuevas desapariciones forzadas le expresaron a la Relatora su dolor por no encontrar a sus parientes que fueron desaparecidos por fuerzas de seguridad del Estado.
Al final de la reunión que duró más de una hora, los y las asistentes escucharon a Sikaggya quien dijo que presentaría un informe en Ginebra sobre los hechos denunciados.
Las reuniones continúan este miércoles con otros sectores de la sociedad hondureña, entre ellos periodistas, también con funcionarios del régimen.
En la reunión estuvieron presentes aparte del COFADEH y CDM, pobladoras de la Colonia Altos de la Merriam, sindicalistas que entregaron petitorios a la Relatora, en específico del SITRAUNAH, sobre la persecusión política.
También estuvo allí la organización Fian-Honduras, ACi-Participa, Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, entre otros.
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